La adopción plena y rápida de las propuestas de la comisión de expertos contribuiría a estabilizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones alemán y a abordar un reto clave para su rating. Pero, cualquier relajación de las propuestas supone un riesgo significativo.
Las propuestas presentadas esta semana por la comisión designada por el Gobierno constituyen un paquete integral de medidas, que se aplicarán plenamente a partir de 2031. Los cambios propuestos suponen un paso en la dirección correcta, ya que ponen de manifiesto la ambición de hacer frente a las presiones que el envejecimiento de la población ejerce sobre el sistema de pensiones obligatorio de Alemania, un reto para la actual calificación AAA/Estable.
La adopción oportuna y completa de las propuestas también pondría de manifiesto la capacidad del Gobierno de coalición para hacer frente a los retos estructurales. Por el contrario, los retrasos significativos o la imposibilidad de aprobar las propuestas como un paquete conjunto —el objetivo declarado del Gobierno—, así como un debilitamiento sustancial de las mismas, supondrían riesgos para la agenda de reformas del Gobierno.
Sin embargo, los beneficios completos de la reforma solo se materializarían a largo plazo. La trayectoria de la deuda pública y la dinámica fiscal se mantienen prácticamente sin cambios para la próxima década y siguen estando impulsadas por un crecimiento moderado y por el aumento del gasto en defensa e infraestructuras.
Las medidas propuestas reforzarían la adecuación de las pensiones y estabilizarían las transferencias federales
Consideramos que las 33 recomendaciones contienen cuatro elementos esenciales. En primer lugar, está la importante vinculación de la edad de jubilación legal a la esperanza de vida, que se ajustará periódicamente, de modo que cada año adicional de esperanza de vida suponga un aumento de ocho meses en la edad de jubilación. En segundo lugar, está la acumulación de un derecho a pensión individual, respaldado por capital, mediante aportaciones del 2 % del salario bruto, que se introducirá progresivamente a partir de 2028. En tercer lugar, resulta relevante la ampliación del sistema legal a nuevos colectivos. Por último, la reforma prevé la supresión de la jubilación anticipada sin deducciones tras 45 años de cotización.
Un sistema reformado aliviaría las presiones sobre la adecuación de las pensiones en Alemania, que se sitúa en una posición relativamente desfavorable en comparación con otros países de la UE y la OCDE. La tasa de sustitución neta fue del 53,3 % para un hombre con ingresos medios en 2024, frente a una media de la OCDE (UE-27) del 63,2 %, según la OCDE. Se espera que la rentabilidad de los mercados de capitales aporte una contribución significativa en la década de 2040. Además, la prolongación de la vida laboral y la ampliación de la cobertura reforzarían el sistema ya en la década de 2030.
Las reformas propuestas también estabilizarían las transferencias federales anuales al sistema de pensiones, que ascendieron a 93.200 millones de euros en 2025, lo que supone el 2,1 % del PIB. Suponiendo que se apliquen íntegramente, se prevé que las transferencias se sitúen en torno al 2,2 % del PIB en 2035, en lugar del 2,33 % del PIB en un escenario sin cambios en las políticas. Se estima que esta diferencia aumente hasta superar el 0,2 % del PIB en la década de 2040, lo que supone un alivio positivo, aunque relativamente moderado, para los presupuestos federales.
La reforma concentraría los costes en la fase inicial, mientras que los beneficios se obtendrían a partir de mediados de la década de 2030
La propuesta incluye un aumento de las tasas de cotización del 2 % del salario bruto, repartido entre trabajadores y empresarios, a partir de 2031, para financiar el pilar de capitalización. Esto se sumaría a los aumentos ya previstos en las tasas de cotización, que pasarían del nivel actual del 18,6 % al 20,2 % para 2031, lo que lastraría la renta neta disponible y los costes laborales unitarios. En conjunto, el aumento propuesto de las tasas de cotización podría tener un impacto negativo en el consumo privado y en el PIB de alrededor del 0,15 %.
Las propuestas tampoco retoman los delicados y prolongados debates sobre las medidas anteriores aplicadas en 2025, que se prevé que supongan un coste adicional del 0,25 % del PIB para 2031, debido a la prórroga de un nivel mínimo de sustitución del 48 % hasta 2031 y a la introducción de la «Mütterrente III».
Las propuestas también supondrían costes fiscales adicionales hasta mediados de la década de 2040, ya que se necesitarían subvenciones federales adicionales mientras se consolida el pilar de capitalización para garantizar el nivel mínimo de sustitución actual. La eliminación gradual prevista de estas subvenciones está sujeta a incertidumbre y, por lo tanto, representa un pasivo contingente para el Gobierno, debido a la volatilidad inherente a los mercados de capitales.
El aumento de la deuda de Alemania se ve impulsado por el gasto en defensa e infraestructuras
Por lo tanto, la ratio deuda/PIB seguirá viéndose determinada principalmente por un crecimiento moderado y por el gasto financiado con deuda en defensa e infraestructuras durante la próxima década. Prevemos que los déficits de las administraciones públicas se sitúen en torno al 3,8 % del PIB de media durante este periodo, lo que impulsará el aumento de la ratio deuda/PIB hasta alrededor del 72 % en 2030 y del 81 % en 2036, desde el 63,5 % en 2025. A pesar del aumento previsto, Alemania conserva un amplio margen de maniobra presupuestario, lo que refleja los colchones fiscales acumulados anteriormente y su condición de emisor de referencia, con la correspondiente baja carga de intereses, que se situará en torno al 3 % de los ingresos para 2030.
A largo plazo, la estabilización de la ratio de deuda es fundamental para salvaguardar el margen de maniobra presupuestario y la resiliencia de Alemania. La reforma de las pensiones propuesta contribuiría a limitar la presión sobre el presupuesto federal mediante una estabilización de las subvenciones al sistema y, de este modo, contribuiría a la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Por último, una reforma integral supondría un paso importante para alinear el sistema más estrechamente con el de países comparables con calificación AAA, como Suecia y Dinamarca.