Durante los últimos cincuenta años largos he practicado el periodismo y me he relacionado, entre otras, con instituciones como las empresas públicas, ubicadas desde 1995 en SEPI y antes en el INI o en Patrimonio del Estado. No sé cuantas centenas de veces he traspasado las puertas del viejo caserón del INI en la Plaza del Marqués de Salamanca y tras la bendición del portero mayor (señor Candil que conocía el estado de ánimo de la casa) me he entrevistado con presidentes y directivos del INI (hoy SEPI) desde el último franquismo terminal hasta bien avanzada la democracia con gobiernos de UCD y del PSOE.
El INI fue una copia de su homónimo italiano creado por Musolini. Se trataba desde el Estado de construir industria en un país en ruina. Y sostengo que logró su propósito, con tropiezos y aciertos, pero con un saldo positivo. Por esa casa pasaron personas brillantes que hicieron cosas por el país. También algún granuja luego descubierto y desalojado.
Viene a cuento este prólogo de lo que hoy es su equivalente: la SEPI y de su derrumbe moral y empresarial. Y ¡Su cúpula directiva empapelada e investigada por la Audiencia Nacional! Y los directivos medios, funcionarios competentes y profesionales, entre asombrados y avergonzados por la trapisondas de sus jefes y las manos largas de comisionistas y enredadores que amparados por el partido del Gobierno y el mismo Gobierno, han campado con operaciones indecorosas y delictivas.
Cuando más se habla de “buen gobierno corporativo” de “responsabilidad social de los consejos”, nos encontramos con el sector público empresarial que se salta toda la normativa y las buenas maneras de hacer negocios instalados en la zona patológica de esa equívoca palabra.
Y lo más doloroso es que detectadas las zonas de sombra, las operaciones sospechosas, las conductas irregulares… no pasa nada. El gobierno deposita toda su confianza en las personas que han abusado de la confianza depositada en ellos. Bueno, si pasa. Un juez instructor y la fiscalía anticorrupción detectan operaciones en las que, de momento, han encontrado situaciones sospechosas. Han reclamado explicaciones e investigan aspectos sospechosos que quieren esclarecer. Presunción de inocencia, desde luego; pero el agua baja turbia.
Y el gobierno en vez de colaborar con juez y fiscal, cierra filas con sus afines, con sus nombrados, y se escabulle con argumentos de que son víctimas de persecución y amparándose en la presunción de inocencia.
Mientras decenas de personas, hoy jubiladas, que dedicaron su vida profesional al sector público empresarial (he hablado estos días con varios) conocen los últimos acontecimientos (también algunos anteriores) y se les hiela la sangre. Les duele en lo que va quedando la casa a la que dedicaron esfuerzo, aciertos y errores, y maldicen a quienes han consentido y propiciado semejante desenlace.
El sector público empresarial tiene un doble deber de cumplimiento ético y estético, el que imponen los códigos de buen gobierno y el mandato del servicio público de atender al bien común, al interés general y no al de unos cuantos aprovechados.
