Las infraestructuras públicas son uno de los pilares sobre los que se sostiene un país: su actividad económica, la cohesión territorial, la movilidad, el acceso a servicios esenciales y la confianza de la ciudadanía. Su adecuada planificación, ejecución, conservación y supervisión es, a la vez, una exigencia técnica y una condición necesaria para garantizar seguridad, continuidad del servicio y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El apagón eléctrico que afectó a España y Portugal expuso con claridad que las infraestructuras críticas forman parte de sistemas cada vez más interconectados, en el que una incidencia proyecta efectos sobre servicios esenciales, movilidad, actividad económica y vida cotidiana. Por eso, más allá de la respuesta inmediata, episodios así deben servir para reforzar la supervisión técnica, el aprendizaje preventivo y la capacidad de anticipar riesgos en sistemas complejos. También accidentes como el de Adamuz recuerdan la importancia de la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras y que, en infraestructuras críticas, la trazabilidad de los controles, la independencia de las evidencias y la claridad sobre el alcance de cada inspección resultan esenciales para conocer qué ha ocurrido, aprender de ello y reforzar la confianza pública. La DANA de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana evidenció que la seguridad de un territorio no depende solo de carreteras, puentes o vías ferroviarias, sino también de infraestructuras menos visibles, como las hídricas.
En Venezuela, dos terremotos consecutivos están dejando un balance devastador. Casi al tiempo, Japón registraba un gran terremoto, pero sin víctimas mortales. La diferencia no está solo en la intensidad del episodio sino en la cultura preventiva y la calidad de las normas técnicas
Los ejemplos internacionales apuntan en la misma dirección. En Venezuela, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 están dejando un balance devastador aún por establecer, con miles de víctimas y decenas de miles de edificios dañados o destruidos. Casi al mismo tiempo, Japón registraba un terremoto de gran magnitud frente a la costa de Iwate, pero sin víctimas mortales y con daños muy limitados. La comparación no pretende simplificar realidades distintas, pero sí apuntar que, ante fenómenos extremos, la diferencia no está solo en la intensidad del episodio sino en la cultura preventiva y la calidad de las normas técnicas, en el mantenimiento continuado y los sistemas de alerta, en la preparación institucional y la eficacia de los controles. La prevención no elimina el riesgo, pero puede reducir de forma decisiva sus efectos.
En un contexto de creciente complejidad técnica, envejecimiento de determinados activos, mayores exigencias ambientales, interdependencias entre sectores y necesidad de optimizar inversiones, resulta imprescindible reforzar los mecanismos que permiten tomar decisiones públicas basadas en evidencias objetivas, trazables y verificables. La seguridad y la fiabilidad de las infraestructuras no deben entenderse como una declaración de intenciones, sino como el resultado de un sistema ordenado de responsabilidades, controles y garantías. Y, en este sentido, la acreditación desempeña un papel esencial, como mecanismo que permite demostrar que los ensayos, inspecciones, certificaciones o controles técnicos se realizan bajo criterios de competencia técnica, imparcialidad y solvencia evaluados por un tercero reconocido.
En el ámbito europeo, la acreditación se articula a través del marco establecido por el Reglamento (CE) n.º 765/2008, que la configura como una pieza clave también para la Administraciones y la sociedad, al aportar una garantía externa, objetiva y comparable sobre la competencia e imparcialidad de las entidades que emiten evidencias técnicas y son evaluadas por un tercero público. El modelo de seguridad y fiabilidad en infraestructuras públicas debe avanzar hacia una aplicación más sistemática del control externo acreditado, reforzando la gobernanza del riesgo mediante trazabilidad, contraste técnico y evidencias suficientemente robustas para apoyar decisiones públicas complejas. En esa dirección, cuatro aspectos merecen especial atención.
La separación de funciones es una condición básica para generar confianza: quien ejecuta no debe ser quien se verifica a sí mismo
En primer lugar, la separación de funciones es una condición básica para generar confianza: quien ejecuta no debe ser quien se verifica a sí mismo, en tanto que diferenciar adecuadamente las funciones de ejecución y contraste permite prevenir conflictos de interés y aporta una garantía adicional a la Dirección de Obra, al titular del activo y a la autoridad responsable. El control externo acreditado no cuestiona la profesionalidad de operadores, contratistas o equipos técnicos. Por el contrario, contribuye a que sus decisiones se apoyen en información objetiva, comparable y auditable. La trazabilidad es otro elemento clave. No basta con realizar controles, ensayos o inspecciones si sus resultados no quedan documentados de forma íntegra y útil para la toma de decisiones. De ahí que las evidencias generadas por entidades acreditadas deban comunicarse de manera efectiva a quienes tienen la responsabilidad sobre la infraestructura y sobre el riesgo asociado a ella. Solo así la aceptación de materiales, la validación de procesos, la puesta en servicio, la programación del mantenimiento o la adopción de medidas correctoras pueden basarse en información técnica robusta.
También es necesario un enfoque preventivo, evolucionar de análisis puramente forenses, a posterior, hacia una detección temprana y un enfoque predictivo, aportando valor antes de la incidencia, equilibrar mejor la atención entre la inversión inicial y el mantenimiento. El debate público suele concentrarse en el llamado CAPEX, es decir, la construcción, la inversión y la puesta en servicio de nuevos activos. Sin embargo, la seguridad y la disponibilidad real de una infraestructura se consolidan en gran medida durante el OPEX: la explotación, la conservación, la inspección periódica, la gestión de la condición del activo y la capacidad de anticipar actuaciones antes de que el deterioro comprometa su desempeño. En este sentido, reforzar el mantenimiento y su supervisión no es un coste añadido; es una palanca de seguridad, durabilidad y eficiencia.
El proyecto de ley de protección y resiliencia de las entidades críticas, que incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2022/2557, contiene una previsión especialmente relevante: la creación de un esquema nacional de certificación en materia de resiliencia de entidades críticas.
En cuarto lugar, merecen especial atención las entidades críticas. En este punto, el proyecto de ley de protección y resiliencia de las entidades críticas, texto que incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2022/2557, incorpora una previsión especialmente relevante: la creación de un esquema nacional de certificación en materia de resiliencia de entidades críticas. Este instrumento permitirá que las entidades puedan acreditar que sus medidas de protección y resiliencia se ajustan a un marco común, evaluable y estandarizado, capaz de analizar de forma global su operativa y de mostrar niveles de calidad, seguridad y cumplimiento. Se trata de una oportunidad para reforzar la confianza en los sistemas de gestión del riesgo y para conectar la resiliencia con evidencias técnicas verificables, coherentes con el papel que la acreditación desempeña en nuestro marco nacional y europeo.
Este nuevo marco normativo confirma un cambio de paradigma: no basta con proteger activos de forma aislada; es necesario gestionar riesgos, interdependencias y continuidad de servicios esenciales con una visión integral. En ese contexto, la evaluación de la conformidad acreditada aporta rigor técnico, independencia y trazabilidad a muchas de las evidencias necesarias para evaluar la resiliencia, verificar medidas, supervisar procesos y apoyar decisiones públicas y privadas.
España cuenta ya con un tejido técnico acreditado capaz de aportar ensayos, inspecciones y certificaciones en ámbitos muy diversos, con más de 35.000 trabajadores desplegados en todo nuestro territorio. Aprovechar estas capacidades de forma proporcionada y basada en el riesgo permite reforzar la fiabilidad de las infraestructuras públicas sin crear estructuras paralelas ni duplicidades innecesarias. La clave está en aplicar el control externo allí donde aporta mayor valor: activos críticos, fases sensibles, elementos de mayor riesgo y decisiones con impacto relevante en seguridad y continuidad del servicio. La seguridad no se improvisa. La fiabilidad no se presume. Y la resiliencia no puede quedar en una aspiración abstracta. Debe construirse mediante evidencia, trazabilidad, independencia y competencia técnica acreditada.
Reforzar el control externo acreditado en infraestructuras públicas significa mejorar la gestión del riesgo, fortalecer la toma de decisiones, proteger servicios esenciales y hacer más eficiente la inversión pública: aportando rigor donde hay complejidad, contraste técnico e independencia donde puede existir conflicto de interés, trazabilidad y evidencia donde la decisión pública necesita confianza.
