Mucho antes de que concluya el plazo, en noviembre, más de un centenar de firmas de rating ESG han solicitado ya la aprobación de la ESMA (European Securities and Markets Authority) para poder operar en la Unión Europea. Según el nuevo marco regulatorio -el Reglamento UE 2024/3005- las firmas de análisis y calificación pasan a estar bajo la tutela directa del regulador de mercados europeo para intentar garantizar la transparencia e integridad de los datos.
Y, lo más importante, la nueva normativa prohíbe que una misma entidad venda calificaciones ESG y al mismo tiempo preste servicios de consultoría, auditoría o inversión. Lo que obligará a las grandes firmas a reorganizar sus estructuras para separar consultoría y calificación.
Las solicitudes ante la ESMA pueden ser de tres tipos: Autorización completa, régimen de reconocimiento (para agencias con sede en EEUU o Reino Unido que buscan comercializar sus notas en la UE), y Régimen simplificado, pensado para pequeñas empresas de análisis especializado.
En la lista de solicitantes están, por supuesto, todas las grandes firmas: MSCI ESG Research; Sustainalytics (Sprott/Morningstar); S&P Global Ratings Sustainable; Moody´s ESG Solutions, Fitch Ratings (Sustainable Fitch) Bloomberg/Refinitiv (LSEG)... También las firmas de origen europeo: EthiFinance, Inbonis Rating, RepRisk o las especializadas en evaluación de impacto y cadena de suministro: EcoVadis, ISSESG, CDP...
Las agencias estarán obligadas a desglosar públicamente las ponderaciones de cada criterio (E, S y G), sus fuentes de datos y si miden el riesgo financiero para la empresa, el impacto en la sociedad y el medio ambiente (doble materialidad) o ambos.
La nueva regulación pretende dificultar las puntuaciones infladas o inconsistentes en los fondos de inversión sostenibles, porque a diferencia de las agencias de crédito financieras -donde Moody's y S&P suelen coincidir- las firmas ESG asignaban notas muy diferentes a la misma empresa debido a la falta de criterios homologados.