Decayeron los decretos sobre vivienda que el gobierno había planteado para atajar el descontento social provocado por el desahucio de una mujer llamada María del Carmen Abascal Martín. Los días de negociaciones, de intereses convenientemente defendidos, de argumentos agolpándose a uno y otro lado, han acabado en adelanto electoral. Y en el maremágnum, la perspectiva se pierde. Poder acceder a una casa, a un lugar seguro en el mundo donde abrigarse frente a la indignidad, es un derecho humano y constitucional, no un regalo.
El desahucio como mecanismo jurídico del Derecho Civil ha existido, existe y existirá, pero tiene una cara muy amarga. En el punto álgido de la crisis financiera, el departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense junto con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, dirigieron un grupo de apoyo a personas desalojadas, y explicaban cómo verse expulsado del hogar supone una dramática quiebra de la identidad y la seguridad personal. Despojados de su refugio, sienten que la sociedad les abandona. La etimología de la palabra lleva a la consecuencia última: la pérdida de esperanza. Desahuciar proviene del verbo en desuso “ahuciar', que significa esperanzar o dar confianza.
Lo más parecido a los desahucios de hoy se ve por primera vez en la Inglaterra del siglo XVII con el nacimiento de la burguesía. Las tierras comunales se privatizan y miles de campesinos expulsados de sus casas y sus parcelas, se lanzan a las ciudades a sobrevivir de cualquier manera. En el siglo XIX, los centros históricos saturados de población se transforman a golpe de desahucios de los más vulnerables. La pequeña gran diferencia con el momento actual es la protección social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU prohíbe desde 1976 los desalojos sin garantías legales y sin respeto a la dignidad humana.
Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho civil en la Universitat Rovira i Virgili explica en The Conversation que los desahucios se dan en todos los países europeos, y apunta al sobreendeudamiento familiar por la vivienda como indicador para ver el riesgo de lanzamientos. En 2025, la media europea fue del 9,6 % frente al 8,2% de España. En Dinamarca el triple, y en Noruega el doble. Por otra parte, y según datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios en España entre 2015 y 2025 han bajado más de un 60%. En 2015 se realizaron 67.000, y en todo 2025 poco más de 24.500.