“España es la economía de la OCDE donde más ha crecido el peso del Estado, al 50,6% del PIB”
“Hemos cuantificado el déficit estructural en torno a los 48.000 millones de euros”. Así que “De forma estructural, gastamos sensiblemente más de lo que ingresamos y eso no es sostenible en el tiempo. Mientras el BCE ha estado comprando deuda española a tipos muy bajos, este déficit se financia, pero en cuanto empieza a haber restricción de liquidez, no podemos mantenernos con un gasto público estructural así”.
FOTOGRAFÍA: Pablo Moreno •
La influencia del Estado está aumentando desde que el virus del Covid19 puso todo patas arriba. Que la presencia pública se expanda ¿es bueno, malo o indiferente?
La participación del Estado en una economía ejerciendo sus funciones públicas, protegiendo a los ciudadanos de lo que los economistas llamamos fallos del mercado, generando gasto público, proveyendo de servicios públicos, con una buena regulación en las funciones tradicionales, defensa, justicia, acción exterior... todo esto es necesario. Cierto es que el mayor o menor protagonismo del Estado ha ido variando con el tiempo. En la crisis de la Gran Recesión y la sanitaria del Covid-19, el papel del Estado ha sido más importante, sobre todo, reforzando las políticas sanitarias e introduciendo mecanismos temporales de protección de las rentas, que en España han funcionado muy bien vía los ERTES y los avales para evitar crisis de liquidez de las empresas. Dicho lo cual, también existe una coincidencia generalizada en que este tipo de políticas ha de ser selectiva y limitada en el tiempo. Un ejemplo ha sido la protección a nuestras empresas de determinadas inversiones del extranjero, poniendo y reintroduciendo controles. Pues bien, esta medida se ha prorrogado en el tiempo y nosotros pensamos que ha de retirarse una vez que la crisis se ha superado. En 2022 hemos cerrado con una participación del Estado en la economía del 50,6% de gasto sobre PIB ejerciendo un efecto presión sobre el mercado muy relevante y la crisis va cediendo... Si no se va retirando el papel del Estado, ese gasto se financia con nuestros impuestos y la capacidad de recaudación de estos tiene un límite.
EL PERSONAJE
Ricardo Martínez Rico - Economista del estado
Preside el despacho de asesoría Equipo Económico y el Grupo de Trabajo de AA.PP. del Círculo de Economistas.
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Se licenció en Empresariales por la U. de Zaragoza y es Técnico Comercial y Economista del Estado. Desde 1996, ocupó diversas posiciones en los Ministerios de Economía y Hacienda, hasta que en 2003 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos por el gobierno de José María Aznar. En 2007 se puso al frente de la Oficina Económica y Comercial de España en Washington.
También ha sido miembro de consejos de administración de diversas compañías españolas.
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En 2020 se doctoró en la U. de Zaragoza, con la máxima calificación por su tesis “El Programa de Pago a Proveedores como instrumento de Política Económica (2012-2014)”.
La presencia del Estado, ese gasto/ PIB ¿es muy distinto al de otros países?
España es uno de los países de la OCDE con un gasto público estructural más elevado. Lo cierto es que tenemos todo tipo de referencias. Alemania y Francia están cerca de esa cifra, mientras que el Reino Unido, Australia, Corea o EEUU están más cerca del 40%. Pero la economía en la que más ha crecido es España, y el país donde vemos por su estructura económica unos límites claros a la capacidad recaudatoria es España. Eso nos lleva a hablar de ese 40%. Si no caminamos hacia esa cifra mágica, seguiremos con este déficit estructural que también hemos cuantificado en el 40%, en torno a 48.000 millones de euros. De forma estructural, gastamos sensiblemente más de lo que ingresamos, y eso no es sostenible en el tiempo. Mientras el BCE ha estado comprando deuda española a tipos muy bajos, este déficit se financia, pero en cuanto empieza a haber restricción de liquidez, no podemos mantenernos con un gasto público estructural así.
Ustedes hablan de un ahorro de 50.000 millones de euros si se aplicaran esas recomendaciones de pasar del 50,6% actual de gasto público al 40% en 2024 ¿Cuál sería la distribución ideal de ese ahorro?
Sí, creemos que fruto de ese ahorro a lo largo de un periodo de tres años, se recuperaría el 40% de gasto público sobre PIB mencionado. Una forma de analizar a dónde va el ahorro es comparar los principales programas del presupuesto español con los del presupuesto europeo, y ahí vemos que hay tres políticas en donde el gasto en España es muy superior: gastos financieros, que casi duplican los europeos por el elevado nivel de deuda sobre PIB; gastos de desempleo, por el también elevado 12,9% de paro, y el tercer componente es la partida de actividades económicas, es decir, subvenciones o programas dirigidos a los diferentes sectores. Otra forma de estudiar cómo distribuir el ahorro es proponer a la AIREF que en base a sus estimaciones sugiera ajustes en el gasto para estas tres políticas concretas. Y la tercera forma de enfocarlo es a través de los gastos de funcionamiento de las administraciones, de los gastos de retribución de los empleados públicos, y de los gastos de educación y sanidad.
También la Airef señala que hay mucho recorrido disponible en la eficacia del gasto público. En unas políticas en las que se gastan 25.000 millones propone un recorte de gasto de casi 5.000 millones”
¿Podría ser más específico?
En el caso de los gastos de funcionamiento de las administraciones, proponemos reducir en diputaciones y ayuntamientos y en organismos intermedios, también una reducción de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, lo que supondría un ahorro de entre 11.000-16.000 millones de euros. En cuanto a los gastos de retribución de los empleados públicos vemos un ahorro de 11.000 millones de euros en administraciones territoriales y de 2.000 millones en el estado. Para la última partida, hacemos un estudio del gasto per cápita en todas las CCAA y sugerimos llegar a un gasto medio per cápita que se aplique a todas las CCAA. Supondría en educación un ahorro de 900 millones de euros y en sanidad de 1.800.
Citaba vd. antes a la AIREF, que también trabaja en una tesis muy parecida de margen de ahorro…
Efectivamente, como agencia independiente de responsabilidad fiscal hace un trabajo muy interesante de evaluar la eficacia de las políticas de gasto público, de manera que en unas políticas -que nosotros hemos cuantificado en torno a los 25.000 millones de euros- en la AIREF proponen un recorte de gasto, en esas políticas, en torno al 18%, de cerca de 5.000 millones de euros, un ahorro con el que esas políticas serían tan eficaces como pretenden serlo. Por lo tanto, la agencia también señala que hay mucho recorrido disponible en la eficacia del gasto, en la utilización de empleados públicos.
La Administración incrementa funciones, agencias... Y no elimina ninguna. Superada la crisis el Estado debería volver a su posición inicial, a un porcentaje del PIB más consistente y compatible con la capacidad económica española, en torno al 40%”
En ese recorrido parece imprescindible la digitalización ¿Cómo incidiría en el número de funcionarios y empleados públicos en España, que en 2022 rebasaron por primera vez los 3,5 millones? La oferta de empleo público también ha sido récord: 44.788 plazas para ministerios, justicia, policía y ejército.
En los últimos 20 años la población activa y la población ocupada han crecido de forma significativa, pasando de esa cifra redonda de los 12,5 millones a comienzos de los años 90 a los 20,5 millones en estos momentos, pero también ha habido un aumento muy importante de los empleados públicos, fundamentalmente a raíz de todo el desarrollo de nuestra administración territorial. A nuestro juicio, con esos 3,5 millones de funcionarios, podría hacerse una reorganización, ligada a ese avance en ser más eficaces, a la reducción del número de departamentos. La Administración siempre ha tenido una forma de trabajar “incrementalista”, es decir, se incrementan funciones, se crean nuevas agencias, nuevos departamentos, pero no se elimina ninguna, siempre es incremento etapa sobre etapa. En todo ese conjunto, nuestra propuesta para el número de funcionarios es la siguiente: con un número homogéneo de funcionarios, tomando la media de los últimos 20 años, con la media de salarios de los últimos 20 años también y aplicando un coeficiente de ponderación del 80% para modular la propuesta, obtenemos un ahorro en torno a 11.000 millones de euros en las administraciones territoriales y 2.000 millones en la central. Es decir, hay mucho margen.
Y sobre la incidencia de la creación de empleo público en los datos de creación de puestos de trabajo ¿Qué me puede decir?
En este último año y medio o dos años, dentro de la creación de empleo, es cierto que una parte muy relevante ha sido el empleo público. El papel del Estado es fundamental, sobre todo cuando vienen situaciones tan extremas como la crisis financiera de 2008 o la sanitaria del Covid-19. Ese papel del Estado supone más gasto público, probablemente más empleados públicos, pero una vez superado ese momento de crisis, el Estado debería volver a su posición inicial. Tiene que evitar ese “incrementalismo”. Según nuestros cálculos, el incremento de la participación del Estado en la economía ha crecido hasta suponer el 50,6% del PIB y creemos que es necesario volver a un porcentaje del PIB más consistente y compatible con la capacidad económica española, en torno al 40%. A comienzos de los 70 el gasto sobre PIB suponía en torno al 20%. No hay país de la OCDE que haya tenido un incremento tan importante de la actividad del estado dentro de la economía. En base a todos estos datos, ¿qué capacidad tienen nuestros impuestos para financiar el gasto público?. Proponemos un 40%. Y en cuanto ponemos un número, nos ayuda a trasladar hacia abajo todos los esfuerzos de modernización, digitalización y eficiencia. Si las administraciones públicas saben que trabajan con un tope de gasto limitado en el 40% del PIB, quiere decir que desde arriba hasta abajo se traslada esa presión por ser más eficientes, por tener el número de funcionarios o empleados públicos necesario, por introducir nuevas políticas si hace falta, pero eliminando otras que ya no son requeridas o que se han mostrado poco eficaces.
La realidad es que los empleados públicos están en estos momentos en pie de guerra. Están en huelga los inspectores de Hacienda, se han movilizado los empleados de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, los letrados de la Administración de Justicia... Hablan de falta de medios, de escasez de trabajadores, de adecuaciones salariales... ¿Vd. a qué cree que se debe?
Coinciden diversas circunstancias. La primera, que después de mucho tiempo con estabilidad de precios, en 2022 hemos terminado con una inflación media del 8,6%. Y en un momento de gran incertidumbre económica, actualizar los sueldos con arreglo a esta evolución de los precios supone un reto complejo en los dos ámbitos. Además, el origen fundamental de esta crisis de inflación es la energía, que ha subido de una forma muy importante. Tenemos que pagar más al exterior y nos vemos empobrecidos todos. Si en este contexto generamos demandas salariales elevadas, combatir la inflación se hace muy difícil. Por eso el debate general, también por parte del Gobierno, sobre la necesidad de alcanzar acuerdos en el ámbito de las rentas, y de actualizar con prudencia los sueldos. Y la segunda idea es que estamos en un momento en el que se aproximan muchas elecciones. De ahí que haya más ruido que en años pasados. Si la evolución económica se estabiliza, si los precios se estabilizan, es probable también que estas inquietudes se vayan diluyendo.
Parece que el salario medio del sector público ya es superior al del sector privado ¿sí? ¿tendría que haber una equiparación?
Eso es cierto. Desde el punto de vista económico, lo razonable es que los salarios vayan ligados a la productividad. A mi juicio, las cifras de salario medio, como ocurre muchas veces con las estadísticas, son engañosas. En ese conjunto de 3,5 millones de empleados públicos, los hay muy cualificados, cuya retribución es sensiblemente inferior a la retribución de la empresa privada, y en cambio, hay otro tipo de empleados públicos, también muy necesarios, pero que quizás tienen retribuciones más elevadas que los del sector privado. La media da más elevada, pero hay mucha distorsión.
“LAS CCAA APENAS HAN AJUSTADO EL GASTO”
Las administraciones de las Comunidades Autónomas se han limitado a reproducir los esquemas de la Administración central con sus vicios, ineficiencias…
Nuestras administraciones territoriales, sobre todo, las Comunidades Autónomas, son relativamente jóvenes. Hacen una gran labor por la cercanía a sus ciudadanos, prestan servicios públicos básicos como son educación y sanidad, pero efectivamente, han reproducido los vicios en materia de gasto, de crecimiento de empleados públicos con los principios “incrementalistas” de la Administración central. De hecho, gran parte de la crisis financiera de la Gran Recesión fue una crisis presupuestaria de nuestras administraciones territoriales, que en ese momento, además, cubrieron sus necesidades dejando de pagar a los proveedores, con lo cual trasladaron la crisis presupuestaria pública a nuestro ámbito privado. Todo esto se superó con mecanismos extraordinarios de liquidez y sus cuentas están más equilibradas, pero tienen retos muy importantes por delante. En estos dos últimos años han recibido ingresos extraordinarios muy significativos y apenas se han ajustado en el gasto. Esos extraordinarios han venido por transferencias no condicionadas que han recibido por parte del Estado y a través de la recaudación en términos de IRPF y de IVA, que ha crecido en torno al 18%. Estos ingresos tan altos en un determinado momento no justifican el que se introduzcan gastos extraordinarios estructurales, que cuando estos ingresos no estén ahí, serán difíciles de financiar. Por eso también sugerimos la recuperación de las reglas fiscales.
••• CONTINUACIÓN DE LA ENTREVISTA IMPRESA
Sí, parece que la Comision Europea quiere reformar las reglas fiscales para 2024…
En una administración tan descentralizada como la de España, donde más del 40% del gasto lo realizan las administraciones territoriales, es importante que recuperemos normas y todo el marco institucional presupuestario para que tanto Estado como CC. AA y ayuntamientos cumplamos con obligaciones de gasto limitado y que no crezca nuestro gasto de forma extraordinaria, pensando que los impuestos que ahora están muy fuertes de forma coyuntural, van a aguantar así permanentemente. Por eso, sugerimos que España lidere el debate en Europa de recuperar reglas fiscales. A modo de ejemplo, diré que los indicadores adelantados están apuntando a que las Comunidades Autónomas están cerrando sus cuentas relativamente bien el año 2022, pero esto contrasta con que muchas de ellas se siguen financiando a través del Fondo de liquidación autonómico, es decir, aún no tienen la confianza de los mercados para acudir a financiarse , de manera que el Estado se ha convertido en su primer acreedor. Las CC.AA aún tienen que hacer un ejercicio muy grande de responsabilidad fiscal.
Más del 80% de los ciudadanos deja a medias alguna gestión con la Administración por no entender los trámites digitales, pero al mismo tiempo las gestiones online se han multiplicado exponencialmente, sobre todo a raíz de la crisis del Covid-19 ¿Cómo cuadran dos tendencias tan contradictorias?
Las administraciones, en general, están haciendo un gran esfuerzo y grandes avances en su digitalización. Evidentemente, se generan complejidades y problemas de adaptación y eso lo reflejan las encuestas. Hay países que han elevado a prioridad el reto de digitalizar sus administraciones, Estonia es un gran ejemplo que mencionamos en nuestro estudio. En España, todos necesitamos un periodo de adaptación para ser capaces de trabajar con las nuevas herramientas digitales y con interacción digital con la Administración, pero a mi juicio el país está avanzado en este aspecto. También es lógico que haya unas administraciones más adelantadas que otras o que dentro de la Administración haya un ministerio o un departamento o agencias más avanzados, pero los recursos están en ese esfuerzo. También el Plan de Recuperación financiado por Europa es una oportunidad para progresar en esa digitalización.
¿Ve posible, o necesario, un modelo de administración digital como la de Estonia, donde el 99% de los servicios públicos está digitalizado, es decir, que sus ciudadanos no tienen que pisar una oficina si necesitan hacer trámites?
Estamos viendo y veremos grandes avances, no sé si hasta el punto de llegar a un 99%, pero hay trámites en los que la digitalización supone un avance extraordinario, por supuesto. La digitalización nos permite avanzar en esas dos grandes ideas que reflejamos en nuestro documento, como son la eficiencia y la eficacia. Si queremos ser eficaces, probablemente podamos prestar un mejor servicio a los ciudadanos gastando menos dinero, y la digitalización nos ayuda en eso... Que avanzamos es una cosa segura. La Agencia Tributaria es una buena muestra de servicios muy digitalizados, donde en ocasiones surgen problemas en el tratamiento de los datos, o en la interacción con la Administración, por ejemplo, pero en general la opinión de los ciudadanos, de las empresas, grandes o pequeñas, es muy favorable porque las gestiones se han simplificado de forma extraordinaria.♦