Los ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital han recibido múltiples alegaciones contra el borrador del real decreto de centros de datos, una propuesta que exige a estas infraestructuras que resuelvan con renovables el 80% de su consumo energético por cada hora de operación y que pone en peligro inversiones por valor de 69.000 millones de euros.
Según el diario Expansión, entre las alegaciones, figuran las de ACS, Acciona, Ferrovial y Merlin Properties, cuatro de los grandes promotores de centros de datos del Ibex. Las empresas están de acuerdo en la necesidad de dotar de base legal el desarrollo de centros de datos y de poner coto a la especulación de inversores que reservan suelo y conexión eléctrica sólo con la intención de revender ese derecho más caro. Sin embargo, se quejan de que la norma se ha hecho sin consultar al sector y con vocación de largo plazo.
El real decreto también ha despertado las críticas de las Comunidades Autónomas que más inversiones en centros de datos tienen comprometidas. Por este motivo, Madrid, Cantabria, Aragón, Extremadura o Andalucía también han presentado alegaciones al considerar demasiado restrictivas algunas de las condiciones previstas en el texto.
Con la regulación, el Ejecutivo busca garantizar que los centros de datos en España se ajusten a los estándares más estrictos de eficiencia hídrica y energética. Si no cumplen, se pueden exponer a subidas de los peajes o incluso a la retirada del permiso para conectarse a la red. Asimismo, aspira a reforzar los principios de soberanía digital y tecnológica, de manera que requerirá a los data centers que tanto la gestión de las instalaciones como la de los datos que se generen queden en manos de organizaciones de la UE.
Para desarrollar el real decreto, el Gobierno se ha basado en la experiencia de países como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos, donde el despliegue de centros de datos ha disparado a niveles desorbitados el precio de la luz y el consumo de agua. Según la Oficina Central de Estadística irlandesa, los centros de datos pasaron de consumir el 5% de la electricidad medida en 2015 al 22% en 2024.
El Gobierno ya ha mantenido una primer reunión con Spain DC, la patronal española de centros de datos, para analizar la propuesta de real decreto. Además, el Ministro de Transformación Digital, Óscar López, se ha comprometido a mantener los contactos para negociar un texto que compense a todas las partes implicadas.
Aún así, SpainDC ya ha elevado sus alegaciones al proyecto de real decreto al Consejo de Estado. La asociación ha querido trasladar al órgano consultivo la posición de las grandes tecnológicas internacionales como Meta, Amazon, Microsoft y Google, que en la actualidad son las principales operadoras de los centros de datos desplegados en España.
Begoña Villacís, directora de Spain DC ha comentado que la nueva normativa del gobierno cambia totalmente las reglas del juego del sector tecnológico y “empuja a los data centers a salir de España".
La CNMC también ha entrado en la batalla de los centros de datos para aclarar si, tal como afirma, la patronal, algunas de las nuevas reglas propuestas en el decreto, y relacionadas con los peajes o el acceso a la red, pueden invadir sus competencias. El organismo está recabando opiniones del sector, la administración y los expertos para emitir un informe a este respecto.
El recorrido de las alegaciones al real decreto se adivina largo y tortuoso. Los centros de datos son una parte inevitable de la economía digital, pero la demanda energética que requieren tensan al sistema, ya suficientemente presionado por la electrificación de hogares y empresas, hasta niveles sin precedentes. Consumen millones de litros en sistemas de refrigeración evaporativa en un país que sufre sequías estructurales, y se encuentran con el rechazo de muchas comunidades que no quieren un centro de datos cerca de sus casas.