Enfilamos la recta final hacia unas elecciones del 29-N decisivas y si el balance político de los ocho años de presidencia de Sánchez resulta desastroso, por la pésima gestión realizada durante la pandemia, por la desnaturalización de la división de poderes a la que hemos asistido en esta aciaga XV Legislatura, por la aprobación y aplicación de una ley de amnistía que el propio presidente Sánchez, su vicepresidenta Calvo y su ministro de Justicia Campos consideraban completamente inconstitucional, por los ignominiosos pactos con EH Bildu, por la condena al Fiscal General de Estado, por la gestión de la invasión de Ceuta, y, en fin, por la precaria situación del mercado inmobiliario, una excusa para ocupar los espacios públicos, convocar una huelga general contra la oposición y sembrar la violencia en vísperas de elecciones, el balance económico no le va a la zaga. Resulta asombroso que el presidente Sánchez haya sacado pecho de la gestión realizada y hasta se haya permitido afirmar que la economía va como un cohete y somos el país que más crece en Europa. Mentir y falsear la realidad son las especialidades más estimables de este Doctor en Economía sine laude.
“El gasto público no deja de crecer y el déficit es de 437.073 mns. en 2019-25. Falta el del 26, de 41.978 mn a agosto, más que en todo 2025 (40.641 mn)”
Al comparar la situación de la economía española en 2018 y 2026 podemos comprobar que el tamaño de la población, el PIB y la ocupación han crecido a tasas apreciables y el Gobierno considera que ha realizado, por tanto, una gestión económica notable si no sobresaliente. Pero hay un dato que resulta sencillamente demoledor: el PIB nominal ha aumentado en 547.151 millones desde el segundo trimestre de 2018 (2028T2) hasta el segundo trimestre de 2026 (2026T2) y la deuda pública lo ha hecho en 559.268,8 millones en ese mismo período, lo que quiere decir que la deuda contraída por las Administraciones Públicas ha aumentado más que el PIB. Pese a no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado en los tres años y medio que ha durado aproximadamente la XV Legislatura, el gasto público no ha cesado de crecer y el déficit acumulado en el período 2019-2025 alcanzó la extraordinaria cifra de 437.073 millones según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Falta sumar el déficit correspondiente a 2026 que la propia IGAE cifraba en 41.978 millones hasta finales de agosto, superando los 40.641 millones en todo 2025.
Algo no se le puede negar a los gobiernos de Sánchez: ingresan más que nunca y gastan a espuertas. Quizá sea por ello que la mayoría de los trabajadores que han visto como los fuertes aumentos en los precios y los impuestos erosionaban el poder de compra de sus salarios no comparten la euforia gubernamental, no así las organizaciones sindicales que supuestamente los representan y han visto multiplicarse las subvenciones del Estado. Especialmente delicada se presenta la situación de los jóvenes que miran con inquietud a un futuro en el que tendrán que soportar elevados impuestos para pagar los intereses de la deuda acumulada durante estos ochos años, el aumento de la factura de las pensiones y otras prestaciones sociales, e intuyen que recibirán a cambio menos servicios públicos y transferencias y se las verán y desearán para alquilar o comprar una vivienda.
Los anuncios que se están conociendo durante la precampaña electoral –aumento de las retribuciones de los empleados públicos de 4,5 %, revalorización de las pensiones con el IPC y nuevo aumento del SMI antes de las elecciones– van a dejar al gobierno que suceda a Sánchez en una situación sumamente delicada. No sólo tendrá que hacer frente a unos intereses de la deuda cada vez mayores y a una inflación elevada, sino que ya no contará con los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha inyectado fondos europeos por una cuantía de 96.185 millones desde el segundo semestre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2026. En estas circunstancias, calentar la calle con las sindicales y las brigadas antisistema va a resultar bastante fácil y devolver la estabilidad institucional se antoja una tarea quizá más complicada que la transición de la dictadura a la democracia, porque tras la muerte del dictador el PSOE de González y el PCE de Carrillo deseaban poner fin a la Guerra Civil y ahora el PSOE y las organizaciones a su izquierda apuestan por revivir las dos Españas.
Crecimiento más ilusorio que real
¿Cuánto hemos crecido desde el segundo trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2026?
Las primeras filas del Cuadro 1 elaboradas con datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) elaborada por el INE muestran que el crecimiento acumulado del PIB nominal fue 45,95 % durante los ocho años exactos contemplados, pero cuando descontamos el crecimiento de los precios, 24,99 %, el crecimiento acumulado se reduce a 14,93 %, o, aproximadamente 1,75 % en media cada año. Quiero recordar que los datos de la CNTR han sido revisados tras la llegada de Elena Manzanero al INE, nombrada precisamente en agosto de 2021 por la vicepresidenta Calviño para revisar las estimaciones de Contabilidad Nacional y más concretamente para revisar al alza las tasas de crecimiento del PIB y rebajar el crecimiento de los precios, una operación a la que bauticé en mi artículo “El PIB ya no es lo que parece” (Consejeros, enero 2023) como el “efecto Manzanera”.
Podemos afirmar, por tanto, que las cifras en la CNTR de crecimiento del PIB están si acaso sesgadas al alza y las de crecimiento de los precios a la baja. Dándolas, no obstante, por buenas, la situación es bastante peor de lo que da a entender el Gobierno porque el crecimiento del PIB ha ido acompañado por un crecimiento de la Población de 6,42 % entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026. En consecuencia, el PIB per cápita ha registrado un crecimiento acumulado de 7,99 % y un crecimiento anual medio de 0,96 %. En síntesis, podemos decir que somos 8 por ciento más ricos en 2026 que en 2018, no mucho, y que lo que realmente ha crecido en la economía española son los precios. Ciertamente, no es para ponerse medallas y tirar cohetes.
Los indicadores de empleo y paro muestran también una evolución incluso más positiva que el PIB con crecimientos de 17,91 % en el caso de Ocupados en la Encuesta de Población Activa (EPA) y 18,28 % en el caso de los Afiliados a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Impresionantes como resultan estas cifras, hay otros aspectos del mercado laboral no tan positivos. Según la EPA, el número de personas ocupadas pero que no trabajan por diversas circunstancias ha aumentado en 1.092.875, con un crecimiento acumulado de 68,93 %; esto es. los ocupados que no trabajan crecen 3,8 veces más que el total de ocupados. Estar ocupado sin trabajar constituye una ‘innovación’ en el mercado laboral español que infla las cifras de ocupados y aumenta los gastos en prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).
“El número de ocupados que no trabajan -una “innovación”- aumenta en más de un millón de personas. Y la cifra de ocupados en el sector público crece en 530.775 personas"
Además, la cifra de ocupados en el sector público ha aumentado, según la EPA, en 530.775 personas y las Administraciones Públicas tienen que hacer frente al consiguiente aumento en gastos de personal, bienes y servicios y espacios administrativos gravando con impuestos a los trabajadores y sociedades del sector privado. En el caso de la afiliación a la SS, destaca el fuerte aumento de la modalidad de contratados fijos discontinuos que enmascara también la realidad del mercado laboral: hay 594.311 más que en junio de 2018, con un crecimiento acumulado de 174,99 % en ocho años Por último, hay que destacar el fuerte aumento de la incidencia de bajas por Incapacidad temporal cuyo impacto presupuestario, según la AiREF, sobre el INSS ha pasado de 7.485 millones en 2018 a 16.464 millones en 2024 con un crecimiento acumulado de 119,16 % en seis años y habría alcanzado una nueva cota, 18.410 millones, en 2025.
Otro aspecto del mercado laboral igualmente preocupante es la evolución del paro porque si bien las cifras de Parados EPA y Parados registrados en el Cuadro 1 han registrado caídas de 30,37 % y 27,52 %, respectivamente, y el número de perceptores de prestaciones a los desempleados del SEPE se ha reducido 6,17 %, los gastos en prestaciones han registrado un aumento acumulado de 20,05 %. Uno se pregunta cómo es posible que con caídas tan pronunciadas del número de parados y aumentos tan altos de las cifras de ocupados los gastos del SEPE y del INSS se estén disparando. Algunos doctores parecen no haber comprendido la primera lección que aprendí en primer curso de Economía: asignar eficientemente recursos susceptibles de usos alternativos.
Caída de la productividad
El balance económico de los últimos ocho años resulta incluso más negativo cuando comparamos el crecimiento del PIB, 14,93 %, con el del número de personas que lo generaron: 16,34 % en el en el caso de personas empleadas y 19,74 % en el caso de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, según la CNTR; 17,91 % en el caso de Ocupados, según la EPA; y 18,26 % en el caso de Afiliados a la Seguridad Social, según la TGSS. La conclusión inapelable es que cuando el PIB crece menos que los indicadores de ocupación, el producto por trabajador disminuye y eso es exactamente lo que ha ocurrido en la economía española entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026. Como el lector puede comprobar en la sección PIB per cápita e indicadores de productividad en el Cuadro 2, el crecimiento acumulado de la productividad resulta negativo para casi todos los indicadores de empleo a excepción de Horas trabajadas cuyo crecimiento acumulado, 12,51 %, es algo menor que el PIB, 14,93 %, aunque el aumento de la productividad acumulado en ocho años, 2,15 %, resulta insignificante.
Cuando el PIB por persona ocupada crece menos que los aumentos salariales, éstos acaban trasladándose a los costes de las empresas, aumentando la carga tributaria de las cotizaciones sociales e impulsando al alza los precios de los bienes y servicios y, a la postre, recortando el poder adquisitivo de los salarios netos y debilitando la competitividad de las empresas exportadoras. El salario medio y la mediana salarial en el Cuadro 3 muestran crecimientos acumulados entre el 24,92 % y 22,01 %, respectivamente, muy superiores al crecimiento de la productividad que, como acabamos de ver, resultó negativo para casi todos los indicadores, así que no resulta sorprendente que el crecimiento de los precios, bien medidos por Índice general de precios al consumo (IPC), 25,56 %, o el Deflactor implícito del PIB, 26,99 %, sean muy similares al crecimiento de los salarios.
“Cuando el PIB crece menos que los indicadores de ocupación, el producto por trabajador disminuye. Es lo que ha ocurrido en España”
Quiere esto decir que la mayoría de los trabajadores en media no han visto incrementado el poder de compra de los salarios. Únicamente, los perceptores del SMI han visto sus salarios incrementados 65,62 %, esto es, en un múltiplo del crecimiento de los precios, 25,56 %, y han mejorado, por tanto, su poder adquisitivo. Conviene subrayar también que el índice de alimentos ha registrado un crecimiento descomunal, 41,74 %, 16,18 puntos porcentuales por encima del índice general, por lo que resulta difícil escapar a la conclusión de que los hogares que perciben únicamente rentas salariales y destinan una mayor proporción de su renta a adquirir alimentos han resultado golpeados con especial dureza. Por otra parte, los crecimientos acumulados de las rentas netas medias y por hogar de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) entre 2018 y 2025 son bastante superiores al aumento de los precios en el período y sugieren aumentos en las rentas reales de los hogares, siendo probablemente los más beneficiados los hogares cuyas rentas proceden del trabajo por cuenta propia y las rentas del capital y de la propiedad.
Una hacienda irresponsable
En mi artículo “Presupuestos, ¿para qué?” publicado en el número de junio de Consejeros ya presenté una enmienda a la totalidad a la gestión presupuestaria de Montero, la ministra de Hacienda y vicepresidenta de Sánchez, y la mujer más poderosa de la democracia, según nos confesó ella misma. Más allá de incumplir con su deber constitucional de presentar los PGE y prorrogar los aprobados en 2023 en esta Legislatura, haber realizado marrullerías contables denunciadas por el Tribunal de Cuentas, ser la responsable última de rescates realizados por el Servicio Estatal de Participaciones Industriales, algunas de ellas investigadas por los jueces, y haber condonado deuda a las Comunidades Autónomas con criterios ad hoc para favorecer descaradamente a Cataluña y mantener el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, lo más grave de toda su gestión, en mi opinión, es la expansión sostenida del gasto público y el aumento de la deuda pública, como puede constatarse en el Cuadro 4.
Los Recursos y los Empleos no financieros de las AA. PP. crecieron 53,66 % y 52,29 %, respectivamente, entre 2018 y 2025, tasas muy superiores al crecimiento acumulado del PIB nominal, 45,95 %, entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026. Destacan entre las partidas de gasto las AA. PP., las Prestaciones sociales no en especie con un crecimiento acumulado de 54,33 % y las Transferencias corrientes diversas con 94,11 %. La política presupuestaria bajo Sánchez y Montero ha estado al servicio de expandir los tentáculos del Gobierno en la sociedad para financiar unas políticas populistas y de marcado carácter electoralista, al mismo tiempo que se acumulaban los déficits de mantenimiento del capital público: las infraestructuras ferroviarias, viarias, hidráulicas y eléctricas.
“La factura por intereses de la deuda ha pasado de 29.593 millones en 2018 a 40.432 millones en 2025, y seguirá aumentando”
Mantener esa orientación presupuestaria ha exigido someter a cada vez mayores exacciones al sector privado. Los Recursos no financieros de las AA. PP. crecieron 53,66 % entre 2018 y 2025, muy por encima del crecimiento del PIB entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026, y sobresale el crecimiento acumulado de los impuestos sobre la renta que se situó en 74,91 %, 28,96 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB nominal, 45,95 %. No obstante, la política presupuestaria de los gobiernos de Sánchez ha llevado a incurrir en déficits año tras año y acumular una deuda pública ingente. El déficit acumulado entre 2018 y 2025 asciende a 437.373 millones y la deuda acumulada entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026 a 559.268,8 millones. En algunas ocasiones hemos escuchado a Sánchez alardear de haber reducido el porcentaje de deuda sobre el PIB, pero lo cierto es que esa reducción se debe principalmente al aumento de los precios, no a la contención del gasto.
Un futuro más que delicado
Los gobiernos de Sánchez no han incurrido en déficits únicamente durante la pandemia -muy mal gestionada, como expliqué en detalle en mi libro “Covid-19: la Gran Decepción. Algunas lecciones para España y Occidente”-, sino que han continuado haciéndolo incluso cuando la economía iba como un cohete y hasta se han permitido aumentar la deuda en varias decenas de miles de euros por encima de lo exigido para financiar el déficit de las AA. PP. Por ello, la situación económica a la que se enfrentará el próximo gobierno es bastante delicada.
Para empezar, la alegre acumulación de deuda empieza a dejarse sentir. La factura por intereses ha pasado de 29.593 millones en 2018 a 40.432 en 2025, va a continuar aumentando en 2026 y es más que probable que lo haga aún más en el futuro si el BCE normaliza los tipos de interés (2,5 % - 2,65 %), ahora por debajo de la tasa de inflación (3,8 %) en la Eurozona. Como hemos apuntado también en el texto, la factura en pensiones y otras prestaciones sociales va a seguir aumentando a ritmos superiores al PIB nominal y va a resultar también muy difícil contener el aumento del gasto en personal por los aumentos en el número de empleados públicos y la revalorización de los salarios. Finalmente, el nuevo gobierno tendrá que destinar más recursos a mantener las infraestructuras cuyas deficiencias resultan cada día más evidentes y apremiantes y buena prueba de ello son los dos trágicos accidentes ferroviarios padecidos en 2026.
Permítanme resumir con una metáfora la gestión presupuestaria desde que Sánchez alcanzó la presidencia, aupado por partidos independentistas y coaliciones populistas el 1 de junio: pese a los esfuerzos desaforados de la modistilla más poderosa de la democracia para ensanchar el traje, las costuras están a punto de saltar por los aires. Por ello, cuando escucho a algunos líderes (Feijóo y Abascal) prometer que bajarán los impuestos, me echo las manos a la cabeza porque las prioridades del nuevo gobierno deberían ser contener el gasto y eliminar el déficit público. Rajoy prometió también bajar los impuestos en 2011 y tuvo que hacer exactamente lo contrario en 2012 para evitar una crisis fatal en el mercado de deuda: apretó el cinturón varios agujeros y subió los impuestos. El problema reside en que reconocer la gravedad de la situación presupuestaria española y obrar en consecuencia no resulta muy popular hoy día: a Rajoy le costó perder una buena parte del respaldo en las urnas en 2016 y terminar cediendo el gobierno a dos populistas (Pedro y Pablo) sin escrúpulos.
