Las políticas tributarias globales han entrado en una nueva fase de diversificación y equilibrio fiscal. Según recoge el informe «Reformas de la política tributaria 2026» de la OCDE y economías asociadas —que analiza las medidas adoptadas o anunciadas durante 2025 en 92 jurisdicciones—, los gobiernos han dejado atrás las respuestas homogéneas de emergencia ante la pandemia y la crisis energética para centrarse en dos metas complejas: estimular el crecimiento económico y atajar el continuo deterioro de las cuentas públicas.
A diferencia de los grandes paquetes de alivio de años anteriores, 2025 se caracterizó por un enfoque más focalizado. Las economías han afrontado el legado de una elevada deuda pública y unos costes del servicio de la deuda incrementados por las altas tasas de interés. En este escenario, la prioridad ha sido promover la inversión en sectores estratégicos e I+D mediante deducciones en el impuesto sobre sociedades, manteniendo estable el tipo medio combinado del tributo.
No obstante, las presiones presupuestarias —impulsadas en parte por el aumento del gasto en defensa y los costes del envejecimiento poblacional— han obligado a buscar vías alternativas de recaudación. Para ello, numerosos países optaron por aplicar recargos o impuestos específicos sobre beneficios extraordinarios en sectores altamente rentables, como la banca y las instituciones financieras.
En el ámbito del impuesto sobre la renta personal (IRP), las reformas buscaron la progresividad mediante el alza de tipos máximos y mayores gravámenes a las rentas del capital, al tiempo que se mantuvieron incentivos para atraer talento cualificado. Paralelamente, las cotizaciones a la seguridad social experimentaron un aumento generalizado en sus tipos y bases imponibles para sostener los sistemas de protección social.
En cuanto al IVA, el foco se situó en la economía digital, exigiendo mayores obligaciones de recaudación a plataformas en línea y proveedores no residentes. Además, se redujeron las exenciones fiscales previas vinculadas a la transición ecológica y se retiraron ayudas temporales.
Por último, las reformas fiscales con fines de salud y medioambiente ganaron tracción. Destacó el incremento de impuestos sobre el tabaco (incluyendo nuevos productos de nicotina), el alcohol y las bebidas azucaradas, así como ajustes en los impuestos al carbono.
En definitiva, 2025 consolidó una fiscalidad quirúrgica: incentivos selectivos para la inversión productiva combinados con un mayor gravamen a sectores clave y rentas altas para sostener las finanzas públicas.
