Urbas ha defendido ante el mercado y sus acreedores la viabilidad de su propuesta de convenio y ha rechazado la liquidación de la compañía, después de la publicación del informe de la Administración Concursal.
La sociedad ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus objeciones a dicho informe y ha aportado información actualizada sobre el Plan de Viabilidad presentado el pasado 19 de octubre, con el que sostiene que puede atender íntegramente la deuda afectada por el concurso, sin quitas y dentro del calendario previsto.
Urbas afirma que tanto la propia compañía como el experto independiente Crowe concluyen que el plan ajustado permite cumplir con el pago del 100% de la deuda, con amortizaciones anticipadas de hasta un 10% en el primer año y otro 15% adicional en el segundo, quedando el 75% restante para el tercer año.
El convenio frente a la liquidación
La compañía sostiene que la continuidad empresarial ofrece una mejor solución para los acreedores que la apertura de la fase de liquidación. Según explica, la Administración Concursal valora los activos de Urbas en 520 millones de euros en un escenario de continuidad y en 301,8 millones en caso de liquidación, frente a un pasivo reconocido de 126,9 millones. Sin embargo, Urbas cuestiona que estas cifras garanticen que los acreedores vayan a recuperar íntegramente sus créditos si finalmente se abre la fase de liquidación.
La compañía argumenta que, en un escenario de venta forzosa, los activos podrían realizarse con descuentos muy significativos y con mayores costes y plazos. Para apoyar esta tesis, cita casos del sector inmobiliario en los que los activos se han vendido con fuertes rebajas sobre su valoración inicial.
Urbas advierte además de que la liquidación podría provocar un incremento sustancial del pasivo exigible, que podría alcanzar aproximadamente los 450 millones de euros, como consecuencia de los procedimientos judiciales abiertos con RS Lender y sus filiales en distintas jurisdicciones.
La compañía explica que estos litigios tienen su origen en un contrato de financiación por 79 millones de euros y que RS Lender y sus filiales mantienen reclamaciones por importes muy superiores. Urbas sostiene que parte de esas reclamaciones serían duplicadas y que una eventual liquidación podría dificultar la defensa jurídica de estos procedimientos.
En este contexto, Urbas considera que la liquidación podría reducir las expectativas de recuperación de los acreedores y provocar la pérdida total del valor para los accionistas.