Mientras el Estado expande su control e interviene cada día más en la vida de los ciudadanos, regulando hasta el más mínimo detalle, desatiende de forma flagrante uno de sus pilares fundamentales: la Justicia. La memoria de 2025 de la Audiencia Provincial de Barcelona, presentada la semana pasada por su presidente Antonio Recio, arroja una radiografía desoladora. Hoy en día, un pleito civil por una hipoteca, cláusulas abusivas, desahucios, tarjetas de crédito... puede tardar hasta 12 años en resolverse de forma definitiva.
El calvario judicial se divide en tres etapas penosas: unos dos años en el juzgado de primera instancia, otros tres años para resolver los recursos en la Audiencia Provincial, y un colosal tapón final en el Tribunal Supremo, donde las causas duermen una media de siete años.
Los datos de Barcelona evidencian un sistema totalmente desbordado. Sus magistrados soportan una carga de trabajo un 178% superior a la recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ingresando una media de 556 casos por juez frente al módulo fijado de 200. El volumen de asuntos no deja de crecer, disparándose de los 22.673 en 2024 a los 27.869 en 2025. A pesar de que los jueces aumentaron su productividad y resolvieron más demandas que el año anterior, el atasco de causas en trámite escaló de 29.751 a 40.138.
Para absorber este volumen de expedientes pendientes se necesitarían tres años enteros a puerta cerrada, sin recibir ni un solo caso nuevo. Lejos de esa utopía, la previsión para el cierre de este año es alcanzar los 50.000 casos pendientes. Ante este escenario, Recio ha exigido incorporar de inmediato 16 magistrados a los 56 actuales para este 2026, advirtiendo de que, para solucionar el problema de raíz, la plantilla real debería duplicarse.