La soberanía digital ocupa un lugar destacado en la agenda europea. Las tensiones geopolíticas, la nueva legislación – como la NIS2, DORA y la Ley de Ciberresiliencia – y la creciente concienciación sobre las dependencias tecnológicas han situado este tema firmemente entre las prioridades de muchos consejos de administración. El 86% de los encuestados europeos es consciente de los riesgos asociados a que la tecnología o los datos queden sujetos a una legislación extranjera. Al mismo tiempo, solo la mitad ha traducido esa concienciación en políticas activas que se están aplicando realmente. Como resultado, la brecha entre saber y actuar se ha convertido en sí misma en un riesgo.
España rompe con esta tendencia europea ya que el 56% de las organizaciones están aplicando realmente políticas para reforzar su soberanía digital, reduciendo dependencias tecnológicas y sentando las bases para una adopción más segura y estratégica de la inteligencia artificial. Así lo revela el estudio «Tech Reality Check 2026», elaborado por el proveedor de servicios de transformación empresarial y de TI Conclusion tras encuestar a 1.058 responsables de TI de cuatro países europeos (Alemania, Países Bajos, Portugal y España). Se trata del porcentaje más alto de los cuatro países analizados.
Asimismo, el 54% de las compañías españolas ha integrado en gran medida los riesgos jurisdiccionales en sus políticas, lo que también supone el porcentaje más alto entre los países encuestados. El 70% tiene una visibilidad completa de sus dependencias digitales críticas, una cifra comparable a la de Alemania (71%). España combina, por tanto, una elevada concienciación con un alto grado de ejecución, una combinación que se da con menos frecuencia en los demás países encuestados.
Integración del conocimiento
España es también el único país encuestado en el que una mayoría (56%) rechaza la afirmación de que los sistemas críticos funcionan con tecnología que solo comprenden unas pocas personas dentro de la organización. En los Países Bajos (68%) y Alemania (67%), este riesgo de concentración del conocimiento está ampliamente reconocido. En España, por lo tanto, la soberanía digital no se limita únicamente a la elección de los proveedores o las cuestiones jurisdiccionales, sino que también implica una integración más amplia del conocimiento tecnológico en toda la organización.
