El Consejo Federal suizo mantiene abierto un proceso de consulta pública sobre el anteproyecto de la Ley Federal de Gobernanza Corporativa Sostenible (conocida por sus siglas en alemán como NUFG o en inglés como SCGA / CSA). Este movimiento es un hito clave en la regulación ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) del país y funciona como un contraproyecto indirecto del Gobierno frente a la iniciativa popular "Por unas multinacionales responsables 2.0" (presentada por la sociedad civil en 2025), que el Ejecutivo considera demasiado extrema para la competitividad del país.
Los puntos centrales de este proyecto de ley son:
1. Alineación estricta con la Unión Europea (Sin "Swiss Finish")
El principal objetivo del Gobierno suizo es armonizar su legislación con las normativas de la Unión Europea, específicamente con la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). El Consejo Federal ha dejado claro que busca evitar el «Swiss finish» (término usado para referirse a normativas suizas que acaban siendo más estrictas y aisladas que las del resto de Europa), garantizando que las empresas locales compitan bajo las mismas reglas de juego que sus socias europeas.
2. Dos umbrales diferenciados (Reportes vs. Debida Diligencia)
La ley divide las obligaciones según el tamaño de la corporación para proteger a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs):
· Para Informes de Sostenibilidad (Reportes): Aplicará a empresas que tengan más de 1,000 empleados a tiempo completo y una facturación global superior a 450 millones de francos suizos (CHF). (Se estima que afectará a unas 100 grandes empresas suizas). Curiosamente, esto reduce el espectro de empresas obligadas a reportar actualmente bajo el Código de Obligaciones suizo, eximiendo a cotizadas más pequeñas.
· Para Debida Diligencia (Cadena de suministro): Las obligaciones de supervisión ambiental y de derechos humanos serán mucho más estrictas y se reservarán para gigantes corporativos con más de 5,000 empleados y una facturación de más de 1,500 millones de CHF (afectando de forma directa a las aproximadamente 30 mayores multinacionales del país).
3. Responsabilidad Civil: El punto más polémico
El anteproyecto aborda un tema históricamente conflictivo en Suiza: ¿debe responder la matriz suiza por los daños causados por sus filiales en el extranjero? El texto puesto a consulta plantea opciones abiertas para debate, incluyendo una regla de responsabilidad civil explícita si el demandante demuestra que la empresa matriz incumplió sus deberes de debida diligencia.
4. Supervisión estatal y sanciones severas
A diferencia del modelo autorregulado anterior, el proyecto propone la creación de una autoridad de supervisión estatal con un poder sancionador real y estricto. Entre sus facultades destacan:
Imponer multas de hasta el 3% de la facturación neta global de la empresa en caso de incumplimientos graves.
Confiscar los beneficios obtenidos a través de la infracción.
Excluir a las empresas infractoras de los contratos públicos por un periodo de hasta cinco años.
Próximos pasos en el calendario legislativo
El proceso de consulta pública se mantendrá abierto hasta el 9 de julio de 2026. Durante este periodo, partidos políticos, asociaciones empresariales y ONGs presentarán sus alegaciones (donde la responsabilidad civil y el alcance de las empresas cubiertas serán los campos de batalla principales). El Consejo Federal tiene como plazo límite el 27 de noviembre para presentar de manera oficial el proyecto de ley definitivo y el mensaje correspondiente al Parlamento suizo para su debate y posterior aprobación.
