El principio DNSH (Do No Significant Harm o "No causar un perjuicio significativo al medio ambiente") en España es un criterio de obligado cumplimiento dictado por la Comisión Europea. Su objetivo principal es asegurar que ninguna de las inversiones o reformas financiadas con fondos europeos —especialmente las del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)– dañe los objetivos ecológicos de la región.
La Comisión Europea mantiene abierta una consulta pública sobre el borrador de las futuras directrices del DNSH con miras al próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034). Esto busca homogeneizar los criterios de evaluación, dotar de mayor seguridad jurídica a las empresas españolas y reducir las diferencias de interpretación administrativa entre los distintos programas europeos.
El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea expandir y robustecer el principio DNSH para transformarlo en un enfoque combinado denominado "DNSH + Resiliencia" (DNSH+R).
El objetivo de esta propuesta es que las inversiones financiadas con fondos europeos no solo demuestren que "no causan un daño significativo" al medio ambiente, sino que además evalúen obligatoriamente los riesgos climáticos a largo plazo y refuercen la capacidad de adaptación y resiliencia de las infraestructuras frente a fenómenos extremos (como sequías o grandes incendios).
La petición se formalizó a principios de septiembre de 2026. Se ha hecho coincidir estratégicamente con este momento porque la Comisión Europea se encuentra preparando su nueva Estrategia de Resiliencia Climática, cuya presentación está prevista para finales de este año, además de estar diseñándose las directrices del próximo Marco Financiero Plurianual (el presupuesto de la UE).
Consciente de que muchas empresas y administraciones ya consideran el actual proceso DNSH una carga administrativa pesada, España ha especificado en su propuesta que esta evolución hacia el enfoque de resiliencia debe hacerse de forma "inteligente y proporcionada". La idea del Ministerio es aprovechar las herramientas, auditorías y metodologías de reporte que ya existen, evitando duplicar trámites o añadir burocracia innecesaria a los solicitantes de fondos.
