Inquietante la turbia relación instituida entre España y Guinea Ecuatorial. ¿Importan a España los guineanos? ¿Qué es Guinea para España? ¿Algo ocultan por soportar impávidos groserías y denuestos durante medio siglo, casi? ¿Azar el continuo peregrinaje al Trópico de próceres punteros –Miguel Ángel Moratinos, v. g., menos escrupuloso, no único–, lustrines de mascaradas ‘electorales’ que refuerzan la autocracia? ¿Qué justifica el complaciente silencio de políticos, empresarios, abogados, periodistas... ante denigrantes tropelías que allí acontecen desde 1979, aun cuando suceden en España o contra españoles?
Juzgan ahora la ‘pieza King’, desglosada del sustancioso ‘caso Villarejo’: Carlos Salamanca, omnipotente jefe policial de Barajas «amante del lujo», y Francisco Menéndez Rubio, abogado del clan Obiang en España, autonominado «el pagafantas», permitieron largos años (presuntamente) eludir controles fronterizos y aduaneros a potentados guineanos cargados de petrodólares y sin visados. La macrocausa muestra ‘mordidas’ jugosas y regalos suntuosos a personajes picarescos como extraídos del universo quevedesco. Informes oficiales «constatan documentalmente» contratos entre detectives madrileños e individuos cercanos al dictador para espiar a guineanos opositores. Están acreditadas estructuras para secuestrar, empresas ficticias como tapadera y adquisición de material delictivo.
Aguarda juicio en Las Palmas el ‘caso Kokorev’, denunciado en 2008 por activistas guineanos y españoles. Investigadores del 11-S (conducidos por el senador Joe Biden) detectaron movimientos irregulares en cuentas del Riggs Bank de Washington pertenecientes a Obiang y allegados. Guinea producía entonces apreciables cantidades de hidrocarburos, explotados por compañías USA. El rastro reveló cuentas opacas en bancos españoles, destapando tramas internacionales de tráfico armamentístico y blanqueo de capitales con epicentro en Canarias. Están implicados cinco prohombres guineanos y la familia ruso-española Kokorev, testaferros que pagaron abultadísima fianza. La Fiscalía pide ocho años de prisión y multas de hasta €240M, mientras los gerifaltes guineanos ni constan en el sumario: su país negó toda colaboración con la Justicia.♦