Luiz Inácio Lula da Silva ha protagonizado uno de los regresos más notables de la historia democrática de Brasil. Tres semanas después de quedar segundo en la primera vuelta, ganó la segunda vuelta del domingo con el 51,8 % de los votos válidos frente al 48,2 % de Flávio Bolsonaro. Es el primer candidato desde el retorno de la democracia que gana la presidencia tras quedar por detrás en la primera vuelta, y el primer brasileño en ser elegido presidente en cuatro ocasiones. Su nuevo mandato comienza en enero.
Los mercados tendrán una visión muy diferente. Los mercados brasileños aún no habían abierto cuando se redactó este artículo, pero se espera una fuerte reacción negativa. Los inversores se habían inclinado claramente por un cambio de gobierno: el Ibovespa subió más de un 8 % en las primeras operaciones tras la primera vuelta y los tipos de interés a largo plazo cayeron bruscamente ante las esperanzas de un giro en la política fiscal. Ahora parece que gran parte de ese movimiento se va a invertir, y la carga de la prueba recae directamente sobre el presidente reelegido.
Una remontada que tiene un coste presupuestario
La preocupación no es simplemente quién ganó, sino cómo.
En las tres semanas transcurridas entre las dos vueltas, el Gobierno adelantó un aumento del 15 % en la «Bolsa Família», el programa estrella de transferencias monetarias, y los pagos más elevados entraron en vigor el 19 de octubre. Redujo a cero los impuestos federales sobre la gasolina y aumentó las subvenciones al etanol y al gasóleo importado. Lula promulgó la ley de condonación de las deudas fiscales federales de los microempresarios, una medida que, según el Gobierno, podría beneficiar a más de 3,6 millones de personas, y elevó el límite máximo de ingresos para su régimen fiscal simplificado. La campaña prometió transferencias en efectivo no reembolsables de hasta 5.000 reales para las pequeñas empresas, una nueva ayuda mensual para los estudiantes universitarios con bajos ingresos y una nueva ronda del programa «Desenrola» de renegociación de la deuda de los hogares. Días antes de la votación, el Gobierno remitió al Congreso una enmienda constitucional para la gratuidad del transporte público los fines de semana y días festivos, que se financiaría mediante la reasignación de parte de las modificaciones presupuestarias controladas por los legisladores. El Congreso también promulgó el fin de la semana laboral de seis días, una de las promesas estrella de Lula, que reduce la semana laboral máxima de 44 a 40 horas sin ninguna reducción salarial.
Algunas de estas medidas son temporales, y el Gobierno afirma que las rebajas en los impuestos sobre los combustibles se compensarán con los ingresos extraordinarios procedentes del petróleo. Varias de ellas aún necesitan la aprobación del Congreso. Otras, como la ayuda económica a los estudiantes, supondrían compromisos permanentes en un presupuesto en el que ya casi no queda margen. En conjunto, envían una señal inequívoca: cuando estaban en juego los votos, la prudencia fiscal quedó en segundo plano.
La campaña de Lula sí prometió una consolidación fiscal, pero a un ritmo más lento que el de su rival y con la condición explícita de que los recortes de gasto no recayeran sobre los brasileños con menos ingresos. Las propias previsiones del Gobierno indican que el saldo primario solo mejorará gradualmente, hasta alcanzar un superávit del 1,3 % del PIB en 2030. Su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, señaló la financiación de las campañas electorales y los salarios excesivos del sector público como áreas en las que se podría ahorrar. Ninguna de estas medidas se acerca a la magnitud del problema.
Las cifras no dejan mucho margen
A Brasil ya le queda poco margen para este tipo de política. La deuda pública bruta ha ascendido hasta situarse en torno al 83 % del PIB, lo que supone un aumento de más de 10 puntos porcentuales durante este mandato, y un déficit cercano al 10 % del PIB que ahora se compone casi en su totalidad de intereses. Brasil paga uno de los tipos de interés reales más altos del mundo por una deuda que no deja de crecer, lo que constituye la definición misma de una trayectoria insostenible, y la factura recae tanto en las empresas y los hogares como en el Tesoro.
¿Un Congreso hostil: limitación o estancamiento?
Lula gobernará frente a un Congreso dominado por sus oponentes. El Partido Liberal de Bolsonaro ha conseguido el mayor bloque de un solo partido en la Cámara de Diputados desde la Constitución de 1988, casi el doble que el Partido de los Trabajadores de Lula, y es la fuerza más numerosa en el Senado. El Senado ya ha rechazado a uno de sus candidatos al Tribunal Supremo, el primer rechazo de este tipo en 132 años, y los partidos centristas del «Centrão» exigirán un alto precio a cambio de su apoyo.
Para los inversores, esto tiene sus pros y sus contras. Un Congreso hostil podría bloquear las promesas electorales más costosas, como el transporte público gratuito, que requiere una enmienda constitucional. Pero es igual de probable que bloquee las medidas de aumento de ingresos y las reformas estructurales, y que exija concesiones costosas a cambio de votos. El estancamiento no es sinónimo de consolidación.
Lo que los mercados necesitan ver
La primera señal será la composición del equipo económico para el nuevo mandato. Más allá de los nombres, los inversores necesitan un marco fiscal revisado que genere superávits primarios lo suficientemente amplios como para estabilizar la deuda, en lugar de objetivos que se ajusten cuando resultan restrictivos, junto con medidas sobre la indexación de las prestaciones, el gasto obligatorio y los gastos fiscales, así como un compromiso claro con la independencia del banco central.
El premio sigue ahí
Nada de esto cambia las fortalezas subyacentes de Brasil. Es una superpotencia agrícola y energética y se encuentra entre los mayores exportadores mundiales de soja, carne de vacuno, café, azúcar y algodón. Sus cuentas externas son sólidas, con una inversión extranjera directa que cubre con creces el déficit por cuenta corriente; su moneda flota, el desempleo se sitúa cerca de mínimos históricos y su banco central ha demostrado su credibilidad. Pocos mercados emergentes combinan escala, recursos y profundidad institucional a este nivel.
Lula sabe mejor que nadie lo que puede aportar la credibilidad fiscal: en sus dos primeros mandatos combinó superávits primarios con un fuerte crecimiento y consiguió que Brasil obtuviera su primera calificación de grado de inversión. Si su cuarto mandato comienza situando la deuda en una senda descendente, los tipos de interés podrían bajar sustancialmente, la inversión privada podría recuperarse y el dinero público podría destinarse a infraestructuras y servicios en lugar de a los acreedores. Brasil estaría entonces en una buena posición para convertirse en el caso más destacado de América Latina y de todos los mercados emergentes. De lo contrario, seguirá siendo un país con unos fundamentales excelentes que paga uno de los tipos de interés reales más altos del mundo, y la próxima corrección vendrá impuesta por los mercados en lugar de ser una decisión de Brasilia.
