Con el objetivo de reforzar el buen gobierno corporativo y dinamizar la involucración de los inversores, Telefónica ha aprobado y remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una nueva política orientada a incentivar la participación de los accionistas en sus Juntas Generales.
La iniciativa contempla dos mecanismos económicos principales. Por un lado, la concesión de primas de asistencia en metálico por cada acción a favor de los titulares que participen de forma presencial o telemática, así como mediante delegación o voto a distancia. Por otro lado, la compañía contempla la articulación de dividendos condicionados, una fórmula que supedita la percepción de una retribución adicional a que se alcance un umbral mínimo de representación del capital social en la asamblea.
Discrecionalidad y garantías de neutralidad
La normativa fija que será el propio Consejo de Administración el encargado de determinar, en cada convocatoria de la junta, si aplica alguno de estos incentivos, definiendo la modalidad, las cuantías y las condiciones específicas de la propuesta. En el supuesto de optar por el dividendo condicionado, este requerirá además la aprobación expresa de la propia Junta General.
Con el propósito de garantizar un acceso equitativo e incluyente a estas retribuciones, Telefónica establece que los accionistas sin el mínimo individual exigido de títulos para acudir de manera directa a la asamblea también podrán beneficiarse del incentivo agrupándose con otros titulares o haciendo uso de la delegación de representación y del voto a distancia. Además, se fija como requisito formal que las acciones estén debidamente inscritas a nombre de los titulares al menos cinco días antes de la celebración del encuentro.
El documento remitido al regulador enfatiza salvaguardas estrictas de neutralidad e independencia: el cobro de estas primas no podrá depender bajo ningún concepto del sentido del voto de los accionistas, ni podrá vincularse a la delegación a favor del Consejo ni de personas determinadas. Asimismo, la compañía explicita que estos incentivos no se utilizarán para influir en acuerdos concretos, alterar o entorpecer ofertas públicas de adquisición (OPA) o dificultar iniciativas promovidas por accionistas u otros terceros.
Con esta política, la operadora persigue fomentar la implicación activa del minorista e institucional, alineando sus procedimientos de asamblea con los estándares de gobernanza más exigentes.
