Las comunidades autónomas afrontan un escenario de creciente presión sobre sus cuentas públicas por el encarecimiento del coste de financiación. Según una estimación elaborada por la Fundación de Estudios de Economía aplicada (Fedea), el gasto destinado al pago de los intereses de la deuda autonómica pasará de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029, más que triplicando en siete años los recursos destinados a atender esta partida.
El aumento se produce pese a que la ratio de deuda pública autonómica sobre PIB podría continuar descendiendo. El estudio calcula que esta tasa pasará del 23% en 2022 al 17,1% en 2029, una reducción de 5,9 puntos porcentuales explicada principalmente por el crecimiento previsto del PIB nominal y por la hipótesis de que las comunidades cumplirán sus objetivos presupuestarios.
La paradoja entre una menor deuda relativa y un mayor coste financiero responde, según Fedea, al proceso de refinanciación de los vencimientos. La nueva deuda tendría que emitirse a tipos superiores a los de buena parte de la deuda que se amortiza, trasladando progresivamente el actual entorno de tipos de interés a las cuentas autonómicas. El estudio utiliza como referencia un tipo del 3% para las nuevas emisiones y asume que estos niveles se mantienen durante 2026-2029.
El encarecimiento también se refleja en el tipo medio de la deuda autonómica. Fedea estima que pasará del 1,1% en 2022 al 3,3% en 2029, prácticamente triplicándose. Asturias presenta el escenario más elevado, con un tipo medio que podría alcanzar el 4,4%, debido en buena medida a su mayor exposición a préstamos a tipo variable.
El informe subraya además que sus resultados no constituyen una predicción, sino una proyección bajo políticas constantes y unos supuestos considerados incluso optimistas en materia fiscal. Entre ellos figura un crecimiento nominal del PIB superior al 4% durante todo el periodo y el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de las comunidades.
Fedea advierte de que esta evolución podría obligar a las comunidades a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el servicio de la deuda, lo que limita el margen para aplicar políticas fiscales expansivas en los próximos años.
