El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras

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Macroeconomía Internacional

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Link Securities | El diario Expansión informó ayer que el Consejo de Ministros aprobó la prórroga del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, que está establecido en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio. Esta medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniendo así la protección de sectores estratégicos y de interés nacional, que afecten a la seguridad, salud y orden público.

El régimen se aplicará a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). En el caso de empresas cotizadas en España, afectará a aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España. En el caso de empresas no cotizadas, se aplicará el escudo antiOPAs cuando el valor de la inversión supere los EUR 500 millones. Asimismo, se consideran inversiones extranjeras directas aquellas en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española.

Además, entre las medidas incluidas en el real decreto están también la prórroga de las deducciones en IRPF de materias relacionadas con la eficiencia energética o el vehículo eléctrico, o la extensión durante 2025 de los límites excluyentes del método de estimación objetiva que utilizan un gran número de autónomos. Por otra parte, retrasa hasta el 1 de abril de 2025 el impuesto para cigarrillos electrónicos.

Asimismo, el real decreto ignora al Congreso y reactiva para 2025 el impuesto a las energéticas, gravamen que hubiera dejado de estar en vigor tras el rechazo del PP, VOX, Junts y PNV en el Congreso de los Diputados. No obstante, introduce una novedad: un incentivo fiscal para que las inversiones en descarbonización se puedan deducir del impuesto. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.

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