El Reino Unido tiene un nuevo primer ministro - el séptimo en poco más de una década - y otra oportunidad para reencauzar el relato económico del país. Andy Burnham llega al número 10 de Downing Street con una amplia mayoría, pero el reto es conocido: restaurar la confianza en las perspectivas de crecimiento del Reino Unido mientras el margen fiscal es limitado, los riesgos inflacionarios persisten y la incertidumbre geopolítica sigue siendo elevada.
La economía del Reino Unido ha absorbido una sucesión de shocks a lo largo de la última década. Las secuelas de la crisis financiera mundial y la austeridad fueron seguidas por el Brexit, que dominó la agenda política tras 2016 y desvió la atención del crecimiento, la inversión y la productividad. La pandemia añadió posteriormente disrupciones en las cadenas de suministro, en el mercado laboral y renovadas presiones inflacionarias.
Esas presiones se vieron agravadas por el shock energético tras la invasión rusa de Ucrania, las tensiones en el mercado de gilts que siguieron al mini-Presupuesto de 2022 y una prolongada presión sobre el coste de vida. Recientemente, el gasto en defensa, los compromisos en prestaciones sociales, los aranceles y la renovada preocupación por los precios de la energía han reducido aún más el margen de actuación política. Con el petróleo nuevamente por encima de los 90 dólares por barril, sigue existiendo el riesgo de un nuevo impulso inflacionario.
Muchas de estas presiones son de carácter mundial, pero el Reino Unido ha estado particularmente expuesto. Su mercado energético sigue siendo vulnerable a la manera en que se fijan los precios de la electricidad, mientras el país sigue siendo un importador neto de energía. Ello deja a los hogares y las empresas expuestos a las oscilaciones de los precios mundiales y dificulta el retorno sostenible de la inflación al objetivo.
La estructura de la cartera de deuda del Reino Unido añade presión adicional. Una proporción considerable del endeudamiento público está vinculada a la inflación, por lo que una mayor inflación se traslada directamente a los costes de servicio de la deuda. Los mayores rendimientos de los gilts también han elevado el coste de los nuevos empréstitos y la refinanciación. Como resultado, se están gastando ahora más de 100.000 millones de libras anuales en intereses de la deuda, una importante carga fiscal que contribuye poco a mejorar los servicios públicos o el nivel de vida.
Esta es la herencia a la que se enfrenta el nuevo gobierno. La ambición de elevar el crecimiento del Reino Unido hacia el 2,5% es comprensible, pero no existe una solución rápida evidente. La política económica deberá fortalecer el lado de la oferta, mejorar la productividad y fomentar la inversión, operando dentro de estrictas restricciones fiscales. Esa tarea se ve complicada por las exigencias contrapuestas del gasto en defensa y prestaciones sociales.
Burnham se ha comprometido a mantener el marco fiscal vigente, limitando el margen para un giro político drástico. Eso puede tranquilizar a los mercados de gilts, pero deja poco espacio para compromisos no financiados o un amplio estímulo fiscal. Para los inversores, la pregunta clave es si el gobierno puede mejorar el perfil de crecimiento a medio plazo del Reino Unido sin socavar la credibilidad fiscal.
Hay razones para evitar un pesimismo excesivo. El gobierno solo lleva dos años de legislatura y sigue contando con una mayoría sustancial. Eso le da tiempo al primer ministro para reorientar el mensaje, generar credibilidad y demostrar avances antes de las próximas elecciones. El reto político consiste en convencer a los votantes de que la economía avanza en la dirección correcta.
Para los inversores, la valoración también es importante. Los activos del Reino Unido siguen siendo baratos en relación con muchos homólogos internacionales, en particular en los mercados de renta variable. Ese descuento refleja preocupaciones arraigadas sobre el crecimiento débil, la incertidumbre política y la escasa demanda inversora doméstica. Si la nueva administración logra reconstruir la confianza y establecer un marco político creíble, el sentimiento podría mejorar desde una base deprimida.
Es probable, por tanto, que la segunda mitad de 2026 esté marcada por el equilibrio entre restricción y oportunidad. Las restricciones son evidentes: escaso margen fiscal, riesgos inflacionarios persistentes, elevados costes de servicio de la deuda y un contexto exterior frágil. La oportunidad reside en la estabilidad política y las valoraciones atractivas. Si el gobierno logra desplazar el debate de la gestión de crisis hacia la productividad, la inversión y el crecimiento a largo plazo, los activos del Reino Unido podrían merecer una mayor atención.
