En España, la transición es compleja. Sigue vigente la Ley 11/2018 mientras permanece pendiente la transposición de la Directiva europea de información corporativa de sostenibilidad (CSRD) modificada por Ómnibus. Nuestra ley amplió el alcance de compañías obligadas, detalló contenidos y exigió verificación independiente; por ello, hoy alcanza a más empresas que el futuro marco europeo, en el que EFRAG y la Comisión han reducido significativamente el número formal de puntos de datos de los ESRS, aunque la carga cuantitativa relevante no disminuye en igual proporción.
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